Disponibilidad de servicios públicos: el certificado que frena proyectos antes de la licencia

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Disponibilidad de servicios públicos: el certificado que frena proyectos antes de la licencia

Un proyecto puede quedar detenido antes de la licencia, no por el diseño urbanístico, sino por un documento previo: la certificación de viabilidad y disponibilidad inmediata de acueducto y alcantarillado. Sin ese acto no es posible tramitar la licencia de urbanización. Entender qué certifica, quién la expide y qué ocurre si la niegan evita promesas de venta y compras de tierra que no tienen cómo conectarse a las redes.

Viabilidad, disponibilidad inmediata y factibilidad no son lo mismo

El Decreto 1077 de 2015, que compiló el Decreto 3050 de 2013, usa una expresión precisa: certificación de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios públicos.

El artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 define ese documento como aquel mediante el cual el prestador certifica «la posibilidad técnica de conectar un predio o predios objeto de licencia urbanística a las redes matrices de servicios públicos existentes». El acto tiene una vigencia mínima de dos años, «para que con base en él se tramite la licencia de urbanización». No es una promesa de expansión futura de redes ni un concepto informal de que el sector «queda cerca del acueducto».

Distinta es la factibilidad de acueducto y alcantarillado: el documento en el que el prestador fija las condiciones técnicas, jurídicas y económicas que, en urbanizaciones por plan parcial, permiten ejecutar la infraestructura de esos servicios, con arreglo al reparto de cargas y beneficios. Tiene una vigencia mínima de cinco años. Una vez concedida, el prestador no puede negar la disponibilidad inmediata si el solicitante cumplió las condiciones técnicas exigidas al otorgarla.

La diferencia práctica es clara. La factibilidad ordena el escenario del plan parcial, cuando todavía hay que definir cómo se ejecuta la infraestructura. La certificación de viabilidad y disponibilidad inmediata acredita que el predio puede conectarse ahora a redes matrices existentes y es el soporte para pedir la licencia de urbanización.

Quién la expide, en qué plazo y qué cubre

La expide el prestador de acueducto y/o alcantarillado. El artículo 2.3.1.2.4 del Decreto 1077 establece que, dentro del perímetro urbano, esos prestadores están obligados a expedirla cuando les sea solicitada. En ella se fijan las condiciones técnicas de conexión y suministro, que el urbanizador desarrolla con el diseño y la construcción de las redes secundarias o locales a su cargo.

El urbanizador no puede ser obligado a diseñar o construir las redes matrices o primarias; si acuerda hacerlo, el prestador debe cubrir o retribuir esas obras. Tras la licencia, el urbanizador debe someter a aprobación los diseños de las redes locales, ejecutarlas mientras esté vigente la licencia o su revalidación, y entregarlas para que el prestador las opere.

El artículo 2.3.1.2.5 fija un plazo de 45 días calendario para decidir la solicitud. Si no hay respuesta, el interesado puede acudir a los mecanismos de protección del derecho de petición.

Este régimen se articula con la Ley 142 de 1994, que asigna a los municipios el deber de asegurar la prestación eficiente de los servicios domiciliarios, y con el artículo 31 de la Ley 388 de 1997: el perímetro urbano no puede ser mayor que el perímetro de servicios públicos o sanitario. El POT delimita ambos. Fuera de ese perímetro, el prestador no tiene el mismo deber de expedir la certificación, y corresponde al municipio adoptar las medidas para garantizar la prestación.

Qué pasa si la niegan

La negativa no es un silencio discrecional. El artículo 2.3.1.2.7 del Decreto 1077 exige que el prestador motive la decisión en términos técnicos, jurídicos y económicos, con soporte en su plan de obras e inversiones y en el POT, y que remita copia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) dentro de los cinco días siguientes.

Si la Superintendencia no encuentra probados los argumentos, ordena otorgar la viabilidad y disponibilidad. Si los encuentra probados, lo comunica al solicitante y al ente territorial, en línea con el artículo 50 de la Ley 1537 de 2012, para que el municipio adelante las acciones de infraestructura que correspondan. El estudio del prestador no puede llenarse de requisitos adicionales: debe ceñirse a determinar si tiene o no capacidad para atender la demanda, según el artículo 2.3.1.2.8.

Para el constructor, una negativa en firme deja sin base la licencia de urbanización. Para el comprador de un lote «con servicios», el predio puede no ser urbanizable en el corto plazo, aunque el folleto muestre redes cercanas.

Qué revisar antes de comprar o licenciar

Pida el certificado vigente, no un correo informal ni una factibilidad vencida. Verifique que cubra acueducto y alcantarillado, identifique el predio y se refiera a la conexión a redes matrices existentes. Cruce esa información con el perímetro urbano y el de servicios del POT. Si el terreno está en suelo de expansión, además se requiere plan parcial: la factibilidad puede ser un paso de ese instrumento, pero no reemplaza la disponibilidad inmediata exigida para la licencia.

En UrbanGPT puede consultar el mapa del POT de Villavicencio para ubicar la clasificación del suelo y el perímetro, y el visor de crecimiento urbano para ver cómo se ha consolidado la mancha urbana. Esas herramientas son de apoyo y no sustituyen el certificado del prestador ni los actos oficiales de Planeación. El orden de la norma es claro: primero la posibilidad real de conectar los servicios, después la licencia y solo entonces la urbanización.

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