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Participar en un ajuste del POT: Consejo Territorial de Planeación, cabildos y cómo presentar observaciones
Un ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial no se decide solo entre la Alcaldía y el Concejo. La Ley 388 de 1997 convierte la participación en un requisito del procedimiento: el ciudadano, la junta de acción comunal o el gremio pueden opinar, dejar constancia en el expediente e interpelar al Concejo. Saber en qué fase intervenir evita llegar cuando el proyecto ya está consolidado.
El derecho a participar y las fases del trámite
El artículo 4 de la Ley 388 obliga a las administraciones municipales a fomentar la concertación entre intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante el derecho de petición, audiencias públicas, la acción de cumplimiento y la intervención en la formulación, discusión y ejecución de los planes de ordenamiento, y también en el trámite de las licencias urbanísticas.
El artículo 22 organiza la participación comunal por barrios o veredas. Las organizaciones cívicas reconocidas pueden designar voceros, proponer usos de escala vecinal que no contradigan las normas estructurales, formular planes parciales en su área y ejercer veeduría.
Todo proyecto de revisión o modificación del POT se somete a los mismos trámites de los artículos 22, 24, 25 y 26 de la Ley 388, desarrollados por los artículos 2.2.2.1.2.2.2 a 2.2.2.1.2.2.7 del Decreto 1077 de 2015, modificados por el Decreto 1232 de 2020. Antes de la concertación y la consulta, el alcalde debe someter el proyecto al Consejo de Gobierno. Los documentos se divulgan en la página web de Planeación y deben estar disponibles en medio físico en esa oficina.
Concertación ambiental, Consejo Territorial de Planeación y consulta ciudadana
El artículo 24 fija la secuencia. Primero, el proyecto se concierta con la autoridad ambiental —en Villavicencio, Cormacarena— en los asuntos exclusivamente ambientales, en cuarenta y cinco (45) días; solo puede objetarse por razones técnicas sustentadas en estudios. Si no hay acuerdo, interviene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en un plazo máximo de treinta (30) días.
Una vez revisado por la autoridad ambiental, el proyecto pasa al Consejo Territorial de Planeación (CTP), que debe rendir concepto y formular recomendaciones en los treinta (30) días hábiles siguientes. El CTP no aprueba el plan: es una instancia consultiva, creada por los artículos 34 y 35 de la Ley 152 de 1994. Lo integran personas designadas por el alcalde de ternas presentadas por autoridades y organizaciones, con representantes, como mínimo, de los sectores económico, social, ecológico, educativo, cultural y comunitario. El concepto no vincula a la Administración, pero forma parte del expediente y debe ser considerado.
En ese mismo período, la Administración debe pedir opiniones a gremios y agremiaciones, convocar discusiones públicas —incluidas audiencias con las juntas administradoras locales—, exponer los documentos en sitios accesibles y recoger las recomendaciones cívicas, ecológicas y comunitarias, para evaluarlas según su factibilidad y conveniencia. El parágrafo del artículo 24 exige garantizar la consulta también en el diagnóstico, la formulación, el seguimiento y la evaluación.
Cómo dejar una observación por escrito y cuándo acudir al cabildo
La observación útil es la que entra al expediente municipal. Radique un escrito en la Secretaría de Planeación —y, si el trámite está abierto, también ante el CTP o el Concejo— con su identificación, el predio o sector, la norma o el plano objetado o propuesto, la razón técnica o jurídica y, si existe, el soporte. Conserve el radicado. El artículo 4 ampara además el derecho de petición para que le certifiquen el estado del trámite o le entreguen copias del proyecto.
Cumplida esa etapa, el artículo 25 dispone que el alcalde presente al Concejo el proyecto consolidado dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo del concepto del CTP. Toda modificación que proponga el Concejo requiere la aceptación de la Administración. Si el Concejo no decide, el artículo 26 de la Ley 388 permite al alcalde adoptar el plan inicial por decreto transcurridos sesenta (60) días. Para la revisión o el ajuste de un POT ya adoptado, el artículo 12 de la Ley 810 de 2003 prevé que, si el Concejo no aprueba la iniciativa en noventa (90) días calendario, el alcalde podrá hacerlo por decreto.
Cuando el proyecto esté en el Concejo, la comunidad puede solicitar un cabildo abierto, regulado por los artículos 22 a 30 de la Ley 1757 de 2015. Se convoca con al menos el cinco por mil del censo electoral municipal, sobre un tema de competencia de la corporación; el alcalde debe asistir; y el cabildo se celebra a más tardar un mes después de la radicación, o en el siguiente período de sesiones ordinarias si se radicó en receso. Por cabildo no se pueden presentar iniciativas de acuerdo. Quienes intervengan, además del vocero, se inscriben a más tardar tres (3) días antes, con un resumen escrito. Una semana después hay una sesión de respuesta; si incluye compromisos decisorios, son obligatorios, previo cumplimiento de la Constitución y la ley.
Ese procedimiento ordinario no lo sustituyen regímenes extraordinarios. El Decreto 1422 de 2026, dictado con ocasión del sismo del 10 de agosto de 2026, aplica en el ámbito de esa emergencia y no es una vía general para ajustar el POT de cualquier municipio.
Si en Villavicencio se abre una revisión o un ajuste del POT, el momento de incidir es la consulta y el concepto del CTP, no el día de la votación. Consulte los documentos en Planeación, radique la observación y, si el debate llega al Concejo, valore el cabildo. Como apoyo, UrbanGPT ofrece el mapa del POT de Villavicencio, que no reemplaza el expediente oficial, pero ayuda a leer el plano vigente mientras se discute su cambio.
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